Las pyme y el agro mueven la estrategia de inclusión financiera

No un mejor panorama tiene el sector rural. Según cifras de Banca de las Oportunidades y de la Superintendencia Financiera, en diciembre de 2014, había alrededor de 4,7 millones de cuentas de ahorros en municipios catalogados como rurales o rurales dispersos, lo que significa que solo  39% de la población adulta que habita estas regiones tiene acceso a una cuenta. En América Latina, esa proporción es de 46% y es de un  87% en las grandes ciudades y municipios intermedios de Colombia, lo que deja ver una brecha grande.

Un dato más que resalta  Anif, en el informe semanal de este 31 de mayo,  basado en el reporte trimestral de Inclusión Financiera de Banca de las Oportunidades, es que a diciembre de 2015 solo un  64,5% de los adultos colombianos muestra uso activo de al menos un producto financiero.

Aunque en efecto, en materia de inclusión financiera, Colombia ha tenido avances en los últimos 10 años, sigue habiendo rezagos y brechas.

Precisamente, algunas de ellas están en las pyme y  el campo, dos de las cuatro prioridades que se fijaron en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de Colombia. El Gobierno acaba de plasmarla en un documento borrador, que  está para comentarios al público, y con ella pretende atender las recomendaciones y estándares internacionales en la materia y promover iniciativas para lograr avances en las dimensiones de acceso, uso y calidad de servicios financieros  señaladas por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI), de la cual Colombia hace parte.

Los otros dos frentes de trabajo indicados en el documento borrador son  la promoción del uso de servicios financieros y el desarrollo de la estrategia de educación financiera. La AFI ha señalado que la inclusión se desarrolla en el acceso y productos de instituciones financieras; el uso de estos y la calidad frente a las necesidades del consumidor. Según señala el documento, se estima que entre 2011 y 2014, los países que adoptaron estrategias de inclusión lograron aumentar en 10 puntos porcentuales el indicador de acceso a una cuenta de ahorros de la población adulta, mientras que en aquellas naciones que no  la estructuraron,  el aumento fue de cinco puntos porcentuales.

Algunas de las metas, que incluso están en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se concentran en la aceptación de pagos digitales y se propone la creación de un ecosistema transaccional para el pago de bienes y servicios a través de medios electrónicos. Esto con el objetivo de reducir  el uso de efectivo. Se estima que 57% de la población lo utiliza hoy como principal vehículo de transacción.  También se plantea, entre otros, llevar la inclusión financiera a 84%, aumentar las cuentas de ahorro activas de 52,9% (2014) a 65% en 2018, fortalecer el acceso al crédito del sector rural y a las pyme y trazar la estrategia de educación financiera.  Sin embargo, para el profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Colombia, Luis Carlos Guzmán, estas metas del Gobierno quedarán en el papel si los costos de los servicios bancarios no bajan.

“No puede haber inclusión financiera equitativa con costos bancarios tan absurdamente costosos.  Mientras los costos del sistema financiero para el individuo no sean razonables  este proceso de inclusión financiera será un fracaso.”, sostuvo. El exsecretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, agregó que el país debe reducir el uso de efectivo e incentivar la factura electrónica, pero coincide en que el sector financiero debe reducir costos.

Acceso a la banca, clave de cara al posconflicto
El bajo acceso del sector rural a los servicios financieros  (coberturas, créditos, cuentas de ahorro) y la brecha que existe frente a la Colombia urbana, es un tema que plantea la Anif en su último informe de cara al posconflicto. “La inclusión financiera tiene un papel importante en la reducción de la pobreza, en el crecimiento económico y la sostenibilidad de los acuerdos de paz. Solo en la medida en que la nueva política pública se enfoque en esta problemática transversal, lograremos tener un campo sostenible de cara al posconflicto”, señala.