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6 de octubre de 2016
Compras en línea son 4,08% del PIB
5 de octubre- De acuerdo con el último estudio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) el sector mueve más de US$16.300 millones.
5 de octubre
De acuerdo con el último estudio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) el sector mueve más de US$16.300 millones.
Los colombianos están cada vez más dispuestos a comprar y pagar en línea, pues entre 2014 y 2015, según el último estudio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las transacciones no presenciales crecieron 64 %. Hoy ese sector mueve más de US$16.300 millones, es decir, cerca del 4 % del Producto Interno Bruto del país, y registra 49 millones de transacciones al año, casi tantas como el total de la población colombiana.
Uno de los aspectos favorables para ese crecimiento es la reducción del fraude en pagos PSE, cercana al 46 %, para estar en niveles inferiores al 1 % del total de transacciones.
De acuerdo con el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, que reúne a 18 representantes de esa industria en la región, el comercio electrónico mueve al año US$140.000 millones en transacciones entre los negocios y el consumidor (B2C) en América Latina, con una tasa de crecimiento en los últimos tres años en mínimos del 30 % y máximos que en algunos países superan el 100 %.
En el estudio hecho nacionalmente, sin embargo, no están contempladas las transacciones que se realizan informalmente a través de plataformas como Facebook, donde las personas forman un comercio en el que el recaudo no está mediado por pasarelas de pago como PayU u otras. Tampoco los recaudos contraentrega, que, para empresas como Coordiútil, representan casi el 80 % de las transacciones, según Silvia Calle, su gerente general.
Sin embargo, hay conflictos en las normas nacionales que preocupan al gremio, como el Decreto 587 de 2016, que regula cómo se debe hacer la reversión de los pagos por productos y servicios adquiridos en línea, cuando el cliente no está satisfecho. Teniendo que, la norma asume que hay una mala fe en el proveedor y no le da oportunidad de trabajar un proceso para confirmar si realmente se verifica la evidencia de las causales.
Otro aspecto de la regulación que preocupa al gremio es la posición del Gobierno al regular plataformas tecnológicas, como ocurrió, según la CCCE, en el Decreto 2297, que creó la categoría de taxis de lujo. La norma ordena que las aplicaciones que quieran participar del negocio se habiliten ante el Ministerio de Transporte.